LEGISLACIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE MUJERES: ¿PROTECCIÓN O DEPORTACIÓN?

En noviembre de 2002, bajo el pretexto de proteger a las mujeres de la violencia y la explotación, el gobierno británico introdujo una nueva legislación contra el tráfico de mujeres en el marco de la Ley de Nacionalidad, Inmigración y Asilo. Sin embargo, la experiencia demuestra que las leyes e iniciativas contra el tráfico de mujeres son utilizados en la mayoría de los casos para deportar a las mujeres. Las/os feministas han iniciado o apoyado estos movimientos, negándose a admitir el efecto que producen en las mujeres a las que teóricamente debían proteger.

Esto queda claramente ilustrado con las redadas policiales y de inmigración en más de 50 pisos en el barrio londinense de Soho el año pasado. Unas 60 solicitantes de asilo y trabajadoras sexuales inmigrantes fueron arrestadas, exhibidas en los medios de comunicación y detenidas. Algunas fueron deportadas a pesar de tener solicitudes de asilo pendientes. Muchas de estas mujeres habían venido al Reino Unido huyendo de la guerra u otras persecuciones. Algunas eran víctimas de violaciones, otras madres que habían sido separadas brutalmente de sus hijos.

Legal Action for Women[1] coordinó el apoyo legal, visitando a las mujeres detenidas y proporcionando abogados. El Colectivo Inglés de Prostitutas organizó un piquete de emergencia en el Ministerio del Interior para alertar al público y obtuvo una amplia cobertura de los medios de comunicación. Como resultado, grupos de mujeres, abogados prominentes, miembros del parlamento y de la iglesia condenaron públicamente las redadas y cuestionaron su legalidad, evitándose un número de deportaciones.

Bajo escrutinio, la policía cambió su versión de los hechos. El comunicado de prensa emitido al producirse las redadas declaraba que estaban “protegiendo a los menores”. Al no aparecer ningún menor, alegaron que estaban “liberando a las víctimas del tráfico de mujeres”. Como no había chulos ni traficantes detenidos, declararon que las redadas eran parte de una amplia iniciativa de “apoyo a los residentes de Westminster”, ¡ignorando que la mayoría de los residentes locales, incluida la Soho Society habían condenado públicamente las redadas! De no ser por nuestra intervención, las mentiras policiales de la “liberación de las víctimas del tráfico de mujeres” habrían sido recogidas en la prensa como la verdad oficial.

Las redadas fueron planeadas durante meses. Las mujeres nos han contado cómo la policía las visitaba con regularidad, aparentemente para asegurarse de su bienestar, y les preguntaba por su nacionalidad. Todas las mujeres trabajaban por su cuenta; muchas tenían niños pequeños que mantener y algunas mandaban dinero a sus familias en sus países de origen. Algunas se habían visto forzadas a prostituirse al no poder mantener a sus hijos mediante el odioso sistema de cupones.

No obstante, ninguna de las académicas feministas ni otras personas que escriben sobre el tráfico de mujeres condenó las redadas. En lugar de ello, informes tales como “Stopping Traffic: Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the UK”[2] han constituido la base para esta legislación y otras medidas. El informe recita cifras policiales sobre el número de “víctimas del tráfico de mujeres” que no distinguen entre mujeres forzadas a prostituirse y mujeres inmigrantes que trabajan para sí mismas. Como resultado, cualquier mujer inmigrante puede ser clasificada como víctima del tráfico de mujeres y deportada. La policía exagera escandalosamente el alcance del tráfico de mujeres para justificar el aumento de sus poderes y capacidades. En junio de 2001 alegó que “la mafia albanesa controla cerca del 70% de las salas de masaje en Soho”[3], a pesar de que las declaraciones de las mujeres que trabajan en la zona apuntan a la falsedad de este dato.

La nueva legislación constituye una prolongación de las desacreditadas leyes existentes contra la explotación sexual, que no distinguen entre las relaciones con y sin consentimiento y se utilizan a menudo contra las parejas de las trabajadoras sexuales, especialmente si éstos son de raza negra. Como ya dijimos en nuestro libro Hija de una madre: el movimiento oculto de las prostitutas contra la violencia, “El delito de “prostituir” suele ocultar la violencia de la que los chulos son responsables. En lugar de imputárseles cargos de violación, acoso sexual, secuestro, reclusión ilegal, coerción, daños corporales graves, robo, extorsión u otros crímenes contra las mujeres, se les acusa sólo de “prostituir”, en las raras ocasiones en que se los procesa.”

El nuevo delito de tráfico de mujeres aparece en la legislación junto con algunas de las medidas más represivas sobre inmigración hasta la fecha: la detención de todos los solicitantes de asilo, incluidos las mujeres y niños que huyen de violaciones u otro tipo de violencia; la segregación de niños solicitantes de asilo de las escuelas comunes; la desaparición del derecho de apelación de los solicitantes de asilo y una cláusula que confiere al Ministro del Interior poderes sin precedentes para alterar la legislación sin la aprobación del parlamento. En el contexto de un ataque de estas proporciones al derecho de las personas de escapar a torturas y persecuciones, resulta chocante que ciertas organizaciones contra el tráfico de mujeres estén abogando por una “repatriación  y reintegración apropiadas y seguras para las personas afectadas”[4]. El añadido “apropiados y seguros” no impedirá que esta legislación sea usada para repatriar a mujeres en contra de su voluntad.

Las recomendaciones del informe “Stopping Traffic” son aún más represoras. Se recomienda que “Todas las fuerzas realicen un simple ejercicio de inteligencia para recoger información sobre la prostitución fuera de las calles, y descubrir si hay indicios de mujeres extranjeras involucradas.” Sin embargo las redadas de Soho mostraron que esta monitorización se está realizando para reunir pruebas para la deportación. En el año 2000, las pruebas policiales recogidas de este modo fueron utilizadas para desahuciar a mujeres de los pisos en los que vivían y trabajaban.

El informe también habla de “la necesidad de encontrar formas de proceder en casos legales que no dependen del testimonio de testigos vulnerables o intimidados”. Una legislación que no requiera el testimonio de la víctima, permitirá a la policía decidir quién es una víctima, un chulo o un traficante y así eliminar convenientemente cualquier objeción. Se juzgará a las personas únicamente en base a evidencias policiales, lo que da luz verde a la corrupción policial y sienta un precedente muy peligroso. Estas propuestas deben ser rechazadas públicamente y debe evitarse que ganen credibilidad y sean adoptadas por los gobiernos.

Las prostitutas siempre han dicho que el mayor obstáculo para denunciar la violencia es el temor a ser detenidas y, para las que somos inmigrantes, a ser deportadas. Si la policía verdaderamente cree que las mujeres tienen miedo a declarar, ¿por qué se descarta la protección de testigos por ser demasiado costosa?[5] No faltó dinero cuando se trató de pagar a más de 100 agentes de policía en las redadas de Soho.

Las propuestas para permitir la estancia de las mujeres mientras se procesa a sus agresores son inadecuadas. Las mujeres no prestarán declaración sabiendo que serán deportadas al terminar el caso. Si la seguridad y el bienestar de las mujeres fueran verdaderamente prioritarios, ¿por qué una mujer que huye de una situación de amenazas, violencia y/o violación y que teme represalias no tiene derecho a permanecer en el Reino Unido?

La situación de dos jóvenes moldavas que acudieron a nosotras en busca de ayuda pone de manifiesto no sólo el por qué de la emigración de muchas mujeres, como única forma de sobrevivir a la pobreza y devastación derivadas de la guerra, el comercio de armas y la globalización, sino también por qué las mujeres víctimas de la violencia y la explotación no pueden conseguir que los responsables sean procesados.

“En Moldavia, mi madre gana 5 libras esterlinas para mantener a los cinco miembros de la familia. No tenemos agua corriente ni energía. Tenemos que recoger leña y sacar agua de un pozo. Mi hermana y yo vinimos al Reino Unido, pensando que trabajaríamos en un restaurante. Después de una semana, los hombres dijeron que debíamos ganarnos el sustento acostándonos con otros hombres. Nos pegaron y nos dijeron que nunca volveríamos a vernos la una a la otra si intentábamos escapar. Unas personas nos ayudaron a escapar pero dejamos todo lo que teníamos. El Colectivo Inglés de Prostitutas nos ayudó a encontrar vivienda con unas religiosas. No podemos acudir a la policía porque sabemos que nos deportarán. Ahora trabajamos en un club y nuestra familia depende del dinero que les enviamos.”

Estas mujeres necesitan lo mismo que todas las victimas de la violencia; la protección policial y de los juzgados, una vivienda, asistencia sanitaria, asistencia económica y el procesamiento de sus agresores. Y mientras se criminalice a las trabajadoras sexuales, será aún más difícil para las mujeres denunciar los malos tratos.

El “tráfico de mujeres” no es prostitución, sino trabajo forzado en la industria doméstica, sexual, o cualquier otra. Los delitos ya existentes de secuestro, violación, acoso sexual, reclusión ilegal, daños corporales graves, extorsión, etc., pueden utilizarse para procesar a los agresores de mujeres y niños, sea cual sea el trabajo al que se les fuerza. Los traficantes se libran de ser procesados, no por falta de leyes aplicables sino, como en el caso de la violencia doméstica y la violación, porque la protección de las mujeres no es prioritaria.

En lugar de dirigirse a la violencia de que son objeto las prostitutas, la campaña contra el tráfico de mujeres se basa a menudo en una oposición salaz a la explotación sexual, en detrimento de otras formas de explotación[6]. Como resultado, se procesa y deporta a las mujeres que trabajan de forma autónoma como alternativa a la explotación en burdeles, o a la explotación en el hogar, en el campo, y en fábricas y talleres en condiciones de trabajo injustas. No se condena del mismo modo a los grandes empresarios y profesionales que amasan fortunas a expensas de otros.

La legislación contra el tráfico de mujeres es una parte de la legislación contra la inmigración que representa un enorme asalto a nuestros derechos, y es utilizada primordialmente para evitar la entrada de mujeres procedentes de los países más pobres y deportar mujeres y niños inmigrantes, a menudo a lugares donde sus vidas corren peligro y donde  padecen duras penalidades. Las redadas de Soho, dirigidas a sentar la base para más legislaciones de este tipo, han proporcionado más evidencia en  su contra. Abhijit Dasgupta, de Ayuda en Acción en la India corrobora: “Debemos luchar todos juntos para asegurarnos de que todo este discurso contra el tráfico de mujeres no sea utilizado para restringir el movimiento de las mujeres”.

[1] Servicio legal situado en el Centro Crossroads para la Mujer.

[2] “Stopping Traffic: Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the UK”, Liz Kelly, Linda Regan. Police Research Series Paper 125, mayo 2000.

[3] The Economist, 23 de junio de 2001

[4] Sitio web de la Coalición para la Abolición de la Esclavitud y el Tráfico de Mujeres.

[5] Informe del Ministerio del Interior: “Setting the Boundaries, Reforming the law on sex offences”, julio de 2000.

[6] Debería considerarse la creación de un delito de ‘explotación sexual’, donde para probar el delito habría que demostrar que se produjo un acto sexual y que un tercero se benefició de ello en términos monetarios o en especie. “Stopping Traffic: Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the UK”, Liz Kelly, Linda Regan. Police Research Series Paper 125, mayo 2000.