Mumia Abu-Jamal, el laureado periodista que lleva en el corredor de la muerte desde 1982, tiene pendiente una apelación ante el tribunal de los EE.UU. que, en caso de ser aceptada, podría resultar en un nuevo juicio. Estamos coordinando, junto con Ian Macdonald QC, la distribución de la siguiente carta para que sea firmada por juristas; en ella se destaca el insólito racismo de su primer juicio y se pide al tribunal que preste especial atención a este racismo al considerar la apelación. Hemos visitado a Abu-Jamal en la cárcel y apoyado su petición de un nuevo juicio durante muchos años. Nos mantenemos en contacto con su asesor principal, Robert R. Bryan, de San Francisco, y realizamos gestiones para que el Sr. Bryan hablara ante una audiencia de juristas y otros en Londres el año pasado en un evento patrocinado por el Sr. Macdonald.  Le rogamos que se sume firmando la carta y enviándola de nuevo a esta dirección de correo electrónico. Si conoce a personas de profesiones relacionadas con la jurisprudencia que estarían dispuestas a firmarla, le rogamos que se la haga llegar. Es urgente que esta carta sea recibida por los tribunales estadounidenses cuanto antes porque la apelación se está considerando en estos momentos.  

Atentamente,

Niki Adams

Os escribimos con relación al caso del Sr. Abu-Jamal, un reconocido periodista que permanece en el corredor de la muerte en Pennsylvania desde hace casi un cuarto de siglo, y a cuyo caso se ha concedido la revisión por parte del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos de Filadelfia. 

La revisión fue aceptada por el Tribunal atendiendo a tres cuestiones, cada una de ellas de clara relevancia constitucional. El caso reviste gran interés aquí en el Reino Unido por las siguientes razones:

Nuestros sistemas legales difieren en la cuestión de la pena de muerte. El Reino Unido puso fin a la pena de muerte para casos de asesinato mediante la ley llamada "murder act" (abolición de la pena de muerte) en 1965. Desde entonces, la pena de muerte ha sido abolida o suspendida en todos los países de la Unión Europea y los países miembros del Consejo de Europa, incluida la antigua Unión Soviética.

En aquellos lugares del Caribe donde la pena de muerte sigue vigente, según el Privy Council (Comisión Judicial del Consejo de la Reina, la corte suprema de la Commonwealth Británica), mantener a una persona en el corredor de la muerte durante más de cinco años constituye un trato degradante y, por tanto, inconstitucional. 

Aún más, recientemente el Privy Council ha determinado que el requisito obligatorio para imponer la pena de muerte por asesinato es incompatible con el derecho a no ser sometido a tratamiento o castigos inhumanos o degradantes que recogen las constituciones del Caribe Oriental, Jamaica y las Bahamas (véanse los caso La Reina v Reyes (2002) 2 WLR 1034; La Reina v Lambert Watson (2005) 1 AC 472: (2004) 3 WLR 841; La Reina V Bowe and Davis  [2006] UKPC 10). 

En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, se determina que la extradición de una persona para que ingrese en un corredor de la muerte equivale a un tratamiento degradante e inhumano, y constituye una violación del Artículo 3º de la Convención Europea de los Derechos Humanos ( (Soering v United Kingdom 1989 11 EHRR 439).

En el desarrollo de nuestra legislación, los principales factores que desembocaron en la abolición fueron:

En lo tocante a los prejuicios, la exigencia de un "tribunal imparcial" personifica la protección contra el presunto sesgo existente, y es igualmente aplicable al juez y al jurado. En el caso "Porter v Magill (2002) AC 357", la Cámara de los Lores estableció la prueba de aplicación en los tribunales británicos. El tribunal debe primero dilucidar las circunstancias relevantes, para después indagar sobre si dichas circunstancias llevarían a un observador informado y justo a la conclusión de que existió la posibilidad real de que el tribunal tuviera prejuicios.

Por tanto, las razones por las que nos ha interesado particularmente la revisión de la condena y la sentencia recibidas por el Sr. Abu-Jamal son:

(i) Lo grave y perturbador de las alegaciones que cuestionan que el juicio de Abu-Jamal fuera justo, ya que estuvo condicionado por el sesgo racista, y

(ii) porque el Sr. Abu-Jamal se ha hecho indisociable del movimiento contra la pena de muerte, que está creciendo en todos los países, y no menos en los EE.UU., donde más se practica. De ahí que el interés por este caso y la preocupación por él trascienda las fronteras nacionales.

La novedad en el caso del Sr. Abu-Jamal es que por primera vez en 25 años un tribunal ha tomado una decisión que podría dar como resultado un juicio nuevo y más justo para este admirable individuo, y posiblemente su liberación. 

Escribimos como abogados que ejercen la profesión en el Reino Unido y que, compartiendo una herencia legal con nuestros colegas estadounidenses, nos sentimos abrumados por la gravedad de las acusaciones de que esta condena se dictó bajo el sesgo del racismo, que parece haber impregnado el caso desde la noche en que Abu-Jamal fue detenido, en 1981. 

Una cuestión significativa para el tribunal en esta última revisión será determinar si la eliminación sistemática de personas de raza negra del jurado por parte de la fiscalía comprometió la posibilidad de que se hiciera justicia en todo el proceso. La fiscalía utilizó recusaciones de forma perentoria para rechazar a personas que cumplían todos los requisitos y cuya única diferencia respecto a otros posibles miembros del jurado era el color de su piel. Según parece, esto ha sido práctica habitual, especialmente por parte de la fiscalía, en este caso.^[1][1]  Esto nunca se permitiría en nuestra jurisdicción y, como sabéis, el Tribunal Supremo de los EE.UU. estableció hace algunos años que dicha práctica es injusta. Es precisamente este precedente el eje de la recusación presentada contra el caso del Sr. Abu-Jamal.

Sin embargo, somos conscientes de que, desde esta resolución, se han juzgado casos similares en tribunales de menor rango en los que la fiscalía ha justificado y excusado la manipulación racista de la selección del jurado, resultando en la ejecución de la víctima de racismo. Nos preocupa que en este caso la ley, tal y como la interpreta el Tribunal Supremo de los EE.UU., pueda ser violada de nuevo por un tribunal de menor rango.

Otra cuestión aceptada en la revisión federal se refiere a la conducta discriminatoria del ya fallecido juez Albert Sabo durante el juicio posterior a la condena, que él presidía. Al admitir a revisión el comportamiento de este juez, el Tribunal Federal demuestra su preocupación por la conducta descaradamente racista del mismo, y que impregnó todo el proceso contra el Sr. Abu-Jamal.

El racismo del Juez Sabo era sobradamente conocido en nuestra profesión ya que no se limitó al juicio post-condenatorio o a este caso, sino que de hecho se había ganado una reputación por sus prejuicios y parcialidad, y envió al corredor de la muerte a más personas que ningún otro juez en los Estado Unidos. Se considera que no es mera coincidencia que casi todas aquellas personas fueran de raza negra. De la misma manera que nosotros nos opondríamos a que el juez Jeffries, el juez de la horca, del siglo XVIII, fuera la cara visible de la justicia británica, nadie en los Estados Unidos querría que el juez Sabo se tomara como prototipo de la justicia estadounidense.

El ejemplo más descarado fue un comentario del juez, que escuchó una estenógrafa, diciendo que iba a ayudar a la fiscalía a "freír al negro" *(‘fry the nigger’).

Además, el Sr. Abu-Jamal reclamó en repetidas ocasiones su derecho a representarse a sí mismo, puesto que la defensa asignada por el tribunal no contaba con la preparación ni los recursos necesarios y apenas había investigado el caso. El juez Sabo denegó al defendido uno de sus derechos fundamentales. Cuando Abu-Jamal protestó, fue sacado de la sala. Como consecuencia, no estuvo presente durante buena parte del transcurso de su propio juicio y fue, por tanto, juzgado "in absentia". 

Encontramos significativo que se denegara a Abu-Jamal su derecho a representarse a sí mismo en el preciso momento en el que cuestionaba a los candidatos a ser miembros del jurado. Esto posibilitó que la fiscalía eliminara del jurado a las personas de raza negra, al tiempo que impedía que Abu-Jamal ejerciera su derecho cuestionar a miembros claves del jurado.

El juez Sabo admitió también que la acusación argumentara que el Sr. Abu-Jamal había sido miembro del Partido de las Panteras Negras (Black Panther Party^[2][2]) como si fuera un delito que justificaba la pena de muerte. Testigos presenciales confirmaron asimismo que mostró favoritismo hacia los testigos y miembros del jurado de raza blanca, permitiendo que un miembro del jurado blanco se excediera en el tiempo de su intervención, mientras denegó esto mismo a otro de raza negra, lo cual motivó que éste abandonara el panel del jurado. También según testigos, el juez expresaba su disgusto hacia las personas de raza negra mediante gestos y expresiones faciales y a través de su tono de voz, lo cual sin duda ejercería una terrible influencia sobre los miembros del jurado.

Otros testigos entrevistados por el Sr. Bryan confirmaron que el tratamiento que Abu-Jamal recibió por parte de la policía fue notablemente racista. Más de un testigo escucho a policías referirse a Abu-Jamal como "nigger" *(negro), y tras su arresto, vieron cómo golpearon su cabeza contra un poste, a pesar de estar malherido con un impacto de bala en el pecho.^[3][3]  La policía dejó bien patente su apoyo a la condena mediante una exhibición de fuerza atestando la sala de agentes.  No son nuevos para nosotros el racismo policial ni el tipo de tácticas que llegan a utilizarse en los juicios, puesto que actuaciones similares derivaron en algunos de los más notorios errores judiciales del Reino Unido, donde el Tribunal de Apelaciones raramente revocó condenas hasta muchos años después.